La eterna discusión sobre el valor de la renuncia en el derecho laboral. La protección al trabajador: ?Lo protege realmente?

Una vez más, la Cámara Nacional del Trabajo tiene oportunidad de expedirse sobre el tema. En este caso la Sala I, en autos “Rodriguez Hugo c. Terminales Rio de la Plata S.A. s. diferencias de salarios", por mayoría decidió que "no puede hacerlo so pretexto de que el trabajador consintió esa modificación, pues debe adoptar los recaudos necesarios a fin de no alterar el sinalagma convencional. Ello así, pues una cuestión de esta naturaleza no puede realizarse en desmedro del patrimonio del trabajador, precisamente porque se estaría afectando derechos irrenunciables que se encuentran incorporados al patrimonio del trabajador y que, reitero, se encuentran protegidos especialmente por el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, máxime si tenemos en cuenta el criterio interpretativo, adoptado por el legislador a partir de la sanción de la ley 26.574, que reformó el art. 12 LCT, disponiendo que será nulo y sin valor toda convención de partes que reduzca o suprima los derechos, entre otros, derivados del convenio individual, ello claro está, sin perjuicio de que se afectarían derechos y garantías protegidos por los arts. 14 bis y 17 de nuestra Constitución Nacional.”. La mayoría también decidió desechar la aplicación de la teoría de los actos propios, indicando que "no puede ser aplicada sin considerar aspectos que involucran principios fundantes del Derecho del Trabajo, en tanto se encuentra íntimamente ligada al principio de la autonomía de la voluntad, propia de las relaciones que se rigen por el Derecho Civil, no obstante, si se trata de considerar su aplicación en el ámbito de las relaciones laborales, la procedencia debe ser analizada a la luz del principio protectorio y de la irrenunciabilidad de derechos (arts.14 bis de la C.N. y 12 de la L.C.T.) conjuntamente con las normas que integran el orden público laboral, que desplazan aquellos actos que realice la persona trabajadora y que generen resultados inconciliables con la primeras.”. Por su parte, la minoría, haciendo hincapié en que la reducción salarial se correspondía con una disminución de tareas, y el hecho de haber transcurrido casi 13 años desde la reducción salarial, sostuvo que “...es lesivo de la garantía de propiedad la obligación de pagar remuneraciones que no responden a una contraprestación de trabajo alguno, ni pueden considerarse indemnizaciones de daños por falta de trabajo, pues lo común es que las personas capaces logran emplear su tiempo en otra labor retribuida...”, y que "la reducción salarial implementada no afectó los mínimos inderogables que tienen su origen en normas imperativas, que son irrenunciables e indisponibles, pues la modificación recayó sobre la remuneración en un nivel superior al obligatorio legal y convencionalmente, ámbito en el que -si bien los derechos también son irrenunciables- es viable su disposición por parte del trabajador, quien puede negociar con el empleador a condición que reciba una contraprestación que guarde cierta equivalencia con el beneficio perdido, pues ni siquiera en este aspecto puede admitirse la disposición a título gratuito, es decir la renuncia lisa y llana al derecho sin obtener nada a cambio. "

En esta lucha, da la sensación de que prevalece la teoría de reducir al trabajador a una entidad que no puede negociar condiciones mínimas, sin importar el tiempo transcurrido, o teorías limitadas de la autonomía de la voluntad, corriéndose el riesgo de que por proteger al trabajador, se termine forzando al empleador a recurrir al despido sen causa por cualquier modificación que se necesite hacer en los términos de la relación laboral.